Ley 621 - Ley de Acceso a la Información Pública (OAIP)

La Ley 621 - LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA norma, garantiza y promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen y/o reciban recursos públicos.

La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de Lotería Nacional tiene como propósito facilitar a las personas el acceso a la Información pública.

Nuestra misión es garantizar a la ciudadanía nicaragüense el ejercicio de sus derechos de participación de acuerdo a lo establecido por la ley.

Descargue:

Ley de Acceso a la Información Pública
Reglamento de la Ley AIP
Formulario de Solicitud de Información

Requisitos para obtener información

Para llenar el formulario tiene las siguientes opciones:
1. Llenarlo de forma electrónica y luego imprimirlo.

2. Imprimirlo primero y llenarlo utilizando pluma negra o azul y letra de molde.

3. Una vez lleno el formulario tiene las siguientes opciones para hacerlo llegar a nuestras oficinas:

a. Enviarlo por medio del correo electrónico a nuestra dirección: oaip@loterianacional.com.ni
b. Traerlo personalmente.

Teléfonos: 2270-6634 y 2270-5509.
Horarios de atención: Lunes a Viernes, 8:00 am a 3:00 pm

Avances en el establecimiento de Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP)
y Cumplimiento del Arto. 20 de la Ley 621

Institución OAIP Pág. Web Comentarios Item del arto. 20 Cantidad de Items que Cumple
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Loteria Nacional Si Si La Oficina de la OAIP esta a cargo de la Lic. Yadira Báez  
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Artículo 20.-Las entidades públicas obligadas al cumplimiento de esta Ley, además de divulgar la información que establecen las leyes y normas de su competencia, están obligadas a difundir de oficio, a través de la página web, por lo menos, la información siguiente:

a. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las normas jurídicas que la rigen y las políticas públicas que orientan su visión y misión.

b. Los nombres de los servidores públicos que integran la Dirección Superior y de los que están a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública y el Banco de Datos de la institución.

c. La remuneración mensual de la Dirección Superior y de todo el personal, incluyendo los trabajadores temporales y externos.

d. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos, autorizaciones y contratación de personal de carrera.

e. Los estudios, evaluaciones y experiencias acreditadas, así como los avales y garantías y los fundamentos finales, contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, contratación de personal de carrera, temporales, de confianza y de asesores y consultores externos que se otorguen conforme la ley, así como los resultados de las contrataciones, licitaciones y los procesos de las adquisiciones de bienes o servicios.

f. Los resultados de las auditorías realizadas de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) y el Decreto No. 625, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

g. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos cualquiera que sea su destino.

h. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos.

i. Los balances generales, informe de resultados y su estado financiero.

j. Información anual de las actividades que incluirá un resumen de los resultados de las solicitudes de acceso a la información pública.

k. Los resultados de las supervisiones, evaluaciones auditorías e investigaciones que realicen los entes reguladores, controladores o supervisores o comisiones institucionales de investigación.

l. El programa de obras a ejecutar, el de las adquisiciones anuales y las convocatorias de concurso para contratación de personal.

m. Los recursos que se han interpuesto contra los actos administrativos de esa entidad y las resoluciones que se han dictado para resolverlos.

n. Toda información relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes pertinentes en relación a trámites para obtener registro, concesión, permiso, licencia, autorización, exoneración, subsidio o adjudicación de una licitación; así como los resultados de los mismos.

Artículo 26.- Los interesados ejercerán su derecho de solicitud de acceso a la información pública, ante la entidad que la posea de forma verbal, escrita o por medio electrónico, cuando las entidades correspondientes dispongan de la misma electrónicamente; la entidad registrará en un formulario las características de la solicitud y entregará una copia del mismo al interesado, con los datos que exige la presente Ley.

Artículo 27.- La solicitud de acceso a la información pública, deberá contener los siguientes datos:

Nombre de la autoridad a quien se solicita la información.
Nombre, apellidos, generales de ley y domicilio del solicitante.
Cédula de identidad o cualquier tipo de identificación o el número de las mismas, en el caso de menores de 16 años podrán presentar su Partida de Nacimiento de los Extranjeros podrán presentar Pasaporte vigente, Cédula de Residencia o los números de las mismas.
Descripción clara y precisa de la información solicitada.
Dirección Postal o correo electrónico señalado para recibir la información o notificaciones.
Si la solicitud escrita no es clara y comprensible o no contiene los datos antes indicados, la entidad deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquella. Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que ésta no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina o entidad receptora deberá de comunicarlo y orientar debidamente al ciudadano solicitante en el término de tres días hábiles después de recibida la solicitud.

Artículo 28.- Es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud. En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Artículo 29.- El plazo anterior podrá ser prorrogado por diez días hábiles si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

Que los elementos de información requeridos se encuentran en todo o en parte, en otra dependencia del Estado o se encuentre alejada de la oficina donde se solicitó.
Que la solicitud, requiera de alguna consulta previa con otros órganos administrativos.
Que la información requerida sea voluminosa y necesite más tiempo para reunirse.
Que la información solicitada necesite de un análisis previo por considerarse que está comprendida en las excepciones establecidas de esta ley.
La entidad requerida deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo original de quince días las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Artículo 30.- La consulta in situ de la Información Pública se realizará en horas hábiles de trabajo y en presencia de un empleado público, en la institución correspondiente que dispone de dicha información, quien no podrá rechazar la solicitud presentada. La única función del empleado público será, en este caso, la de garantizar el cuido, resguardo y la seguridad del documento o documentos.

Si el funcionario ante quien se presenten adujera que deben presentarse en otro lugar, debe indicar con precisión, el lugar y ante quien, con un visto bueno de referencia, responsabilizándose de que remite a la fuente correcta o de lo contrario caerá en incumplimiento de la Ley.

Artículo 31.- La consulta y el acceso a la información pública que realicen las personas será gratuito. De conformidad con lo establecido en el Arto. 7 de la presente Ley, la reproducción de la información habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un monto de recuperación razonable que no podrá ser superior a:

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.
El costo de envío (si fuese el caso).
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